Por Mary Anastasia O'Grady Tras el debate final de la semana pasada entre John McCain y Barack Obama, los medios de comunicación no perdieron tiempo en buscar los trapos sucios de Joe el Plomero. Es una pena que el mismo nivel de escrutinio no se haya aplicado a las declaraciones difamatorias que hizo Obama contra Colombia.
Joe, en caso que haya estado siguiendo la política estadounidense, es un hombre de la clase trabajadora de Toledo, Ohio, que la semana pasada entregó un resumen claro del plan económico de Obama: aumentar los impuestos para los emprendedores exitosos y utilizar el dinero para expandir los programas de asistencia social.
Joe llevó adelante lo que denomino la audacia de la veracidad. Hizo que el candidato educado en Harvard quedara mal. Por ese motivo, los medios decidieron que había que disminuir un poco su relevancia. En tanto, el cuarto poder dejó de lado cualquier discusión seria sobre la difamación que hizo Obama del mejor aliado de Estados Unidos en América Latina.
Para ser justos, es probable que Obama no se haya dispuesto a insultar a millones de colombianos el miércoles por la noche y revivir la noción del Gringo Feo que tienen muchos vecinos. Pero cuando McCain señaló que no tiene sentido oponerse al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, puesto que EE.UU. ya está abierto a las importaciones de Colombia y porque el acuerdo abrirá nuevos mercados para los exportadores estadounidenses en tiempos económicos difíciles, Obama no estaba bien preparado para responder.
Acudió a sus archivos mentales, en búsqueda de lo que fuera que le habían dicho que dijera sobre Colombia. Parece que encontró su disco duro lleno de los argumentos de los grandes sindicatos estadounidenses. Esto es lo que arrojó: "En este momento, la historia en Colombia", dijo, "es que los líderes sindicales han sido blancos de asesinatos, en forma consistente, y no han habido procesamientos".
McCain debería haber sonado el silbato en ese mismo instante. Levantar falso testimonio en contra de un vecino, que además es un amigo, constituye una infracción. Los asesinatos de sindicalistas en Colombia han descendido pronunciadamente en los últimos cinco años y las condenas han aumentado. Obama se equivocó. Además, McCain perdió una oportunidad de preguntarle a Obama cómo cuadra su antagonismo hacia Colombia —cuyo presidente tiene un índice de aprobación de 80%— con su promesa de apuntalar la imagen de EE.UU. en el exterior.
Un político estadounidense debería saber que no es adecuado darle un sermón sobre moralidad a Colombia. La demanda estadounidense de cocaína, que financia a lo peor de la criminalidad colombiana —incluidas las sangrientas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)—, casi ha arruinado ese hermoso país. Los colombianos, quienes han cooperado con valentía con la desafortunada "guerra a las drogas" de EE.UU., han pagado un alto precio.
Cuando el presidente Álvaro Uribe llegó al poder en agosto de 2002,Colombia era casi un Estado fallido. Ese año hubo casi 28.837 homicidios en todo el país, convirtiéndolo en uno de los lugares más peligrosos del planeta. 196 sindicalistas fueron asesinados ese año. Sus muertes estaban relacionadas a la violencia política que recorría todo el país.
Los sindicatos dominantes del sector público tienen sus orígenes en una ideología revolucionaria que comparten con las FARC. Esto los ha dejado del lado izquierdo de la violenta política colombiana durante décadas. Del otro lado se han ubicado aquellos que levantaron las armas para oponerse a la agresión de la guerrilla.
Uribe ha trabajado para restaurar la paz al fortalecer al Estado. Esto ha sido malo para ambos bandos. Pero a medida que los rebeldes han sido relegados, simpatizantes de las FARC han ido a Washington para desacreditar a su némesis. Los demócratas les han dado la bienvenida. En tanto, el número de víctimas ha caído de forma pronunciada y los miembros de los sindicatos se han beneficiado en especial de la mayor seguridad.
Como explicó un editorial de The Wall Street Journal el viernes, entre 2002 y 2007 el número de sindicalistas colombianos asesinados cayó casi un 87%. Según cualquier estándar justo, eso es progreso, en especial considerando lo que heredó Uribe. En 2000, fueron asesinados 155 sindicalistas; en 2001, 205, y en 2002, 196. Las cifras recién comenzaron a bajar cuando él tomó el timón.
En octubre de 2006, el presidente creó una unidad de investigación especial dentro de la Procuraduría General de la Nación, el organismo encargado de investigar los asesinatos de sindicalistas. La unidad comenzó a operar en febrero de 2007 y afirma que hasta agosto de este año, "se han abierto investigaciones sobre unos 855 casos" y que "se han emitido 179 medidas de detención preventiva para la seguridad, 61 casos están listos para ser enviados a la corte para ir a juicio, y 115 sospechosos han sido condenados en 75 sentencias".
Hoy en día es más seguro ser miembro de un sindicato que ser miembro de la población en general. Eso es un hecho y sería interesante saber por qué Obama se ha negado en reiteradas ocasiones a aceptarlo.
¿Acaso se debe a su fuerte dependencia de las contribuciones de campaña de la organización anti-comercio AFL-CIO (una federación de sindicatos internacionales)? O tal vez, al igual que la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, Obama tiene una preferencia ideológica en favor de la izquierda dura colombiana. Si es lo último, entonces vale la pena preguntar si una presidencia de Obama cambiaría la política exterior estadounidense para volverla más favorable hacia insurgentes de la calaña de las FARC.
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Joe, en caso que haya estado siguiendo la política estadounidense, es un hombre de la clase trabajadora de Toledo, Ohio, que la semana pasada entregó un resumen claro del plan económico de Obama: aumentar los impuestos para los emprendedores exitosos y utilizar el dinero para expandir los programas de asistencia social.
Joe llevó adelante lo que denomino la audacia de la veracidad. Hizo que el candidato educado en Harvard quedara mal. Por ese motivo, los medios decidieron que había que disminuir un poco su relevancia. En tanto, el cuarto poder dejó de lado cualquier discusión seria sobre la difamación que hizo Obama del mejor aliado de Estados Unidos en América Latina.
Para ser justos, es probable que Obama no se haya dispuesto a insultar a millones de colombianos el miércoles por la noche y revivir la noción del Gringo Feo que tienen muchos vecinos. Pero cuando McCain señaló que no tiene sentido oponerse al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, puesto que EE.UU. ya está abierto a las importaciones de Colombia y porque el acuerdo abrirá nuevos mercados para los exportadores estadounidenses en tiempos económicos difíciles, Obama no estaba bien preparado para responder.
Acudió a sus archivos mentales, en búsqueda de lo que fuera que le habían dicho que dijera sobre Colombia. Parece que encontró su disco duro lleno de los argumentos de los grandes sindicatos estadounidenses. Esto es lo que arrojó: "En este momento, la historia en Colombia", dijo, "es que los líderes sindicales han sido blancos de asesinatos, en forma consistente, y no han habido procesamientos".
McCain debería haber sonado el silbato en ese mismo instante. Levantar falso testimonio en contra de un vecino, que además es un amigo, constituye una infracción. Los asesinatos de sindicalistas en Colombia han descendido pronunciadamente en los últimos cinco años y las condenas han aumentado. Obama se equivocó. Además, McCain perdió una oportunidad de preguntarle a Obama cómo cuadra su antagonismo hacia Colombia —cuyo presidente tiene un índice de aprobación de 80%— con su promesa de apuntalar la imagen de EE.UU. en el exterior.
Un político estadounidense debería saber que no es adecuado darle un sermón sobre moralidad a Colombia. La demanda estadounidense de cocaína, que financia a lo peor de la criminalidad colombiana —incluidas las sangrientas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)—, casi ha arruinado ese hermoso país. Los colombianos, quienes han cooperado con valentía con la desafortunada "guerra a las drogas" de EE.UU., han pagado un alto precio.
Cuando el presidente Álvaro Uribe llegó al poder en agosto de 2002,Colombia era casi un Estado fallido. Ese año hubo casi 28.837 homicidios en todo el país, convirtiéndolo en uno de los lugares más peligrosos del planeta. 196 sindicalistas fueron asesinados ese año. Sus muertes estaban relacionadas a la violencia política que recorría todo el país.
Los sindicatos dominantes del sector público tienen sus orígenes en una ideología revolucionaria que comparten con las FARC. Esto los ha dejado del lado izquierdo de la violenta política colombiana durante décadas. Del otro lado se han ubicado aquellos que levantaron las armas para oponerse a la agresión de la guerrilla.
Uribe ha trabajado para restaurar la paz al fortalecer al Estado. Esto ha sido malo para ambos bandos. Pero a medida que los rebeldes han sido relegados, simpatizantes de las FARC han ido a Washington para desacreditar a su némesis. Los demócratas les han dado la bienvenida. En tanto, el número de víctimas ha caído de forma pronunciada y los miembros de los sindicatos se han beneficiado en especial de la mayor seguridad.
Como explicó un editorial de The Wall Street Journal el viernes, entre 2002 y 2007 el número de sindicalistas colombianos asesinados cayó casi un 87%. Según cualquier estándar justo, eso es progreso, en especial considerando lo que heredó Uribe. En 2000, fueron asesinados 155 sindicalistas; en 2001, 205, y en 2002, 196. Las cifras recién comenzaron a bajar cuando él tomó el timón.
En octubre de 2006, el presidente creó una unidad de investigación especial dentro de la Procuraduría General de la Nación, el organismo encargado de investigar los asesinatos de sindicalistas. La unidad comenzó a operar en febrero de 2007 y afirma que hasta agosto de este año, "se han abierto investigaciones sobre unos 855 casos" y que "se han emitido 179 medidas de detención preventiva para la seguridad, 61 casos están listos para ser enviados a la corte para ir a juicio, y 115 sospechosos han sido condenados en 75 sentencias".
Hoy en día es más seguro ser miembro de un sindicato que ser miembro de la población en general. Eso es un hecho y sería interesante saber por qué Obama se ha negado en reiteradas ocasiones a aceptarlo.
¿Acaso se debe a su fuerte dependencia de las contribuciones de campaña de la organización anti-comercio AFL-CIO (una federación de sindicatos internacionales)? O tal vez, al igual que la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, Obama tiene una preferencia ideológica en favor de la izquierda dura colombiana. Si es lo último, entonces vale la pena preguntar si una presidencia de Obama cambiaría la política exterior estadounidense para volverla más favorable hacia insurgentes de la calaña de las FARC.
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